El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves por 271 votos a favor, 49 en contra y 14 abstenciones, el proyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de Vulnerabilidad Social y Económica, impulsado por el Ministerio de Consumo y cuyo texto, tramitado con carácter de urgencia, incorpora un total de 53 enmiendas transaccionadas.
El texto aprueba el desarrollo reglamentario de un etiquetado en alfabeto braille para garantizar la accesibilidad de bienes y productos de consumo de «especial relevancia» para personas ciegas y con discapacidad visual y urge a garantizar la presencialidad de los servicios de la banca para las personas de mayor edad y todos aquellos colectivos para los que el acceso a los servicios financieros a través de las nuevas tecnologías constituya un motivo de exclusión, entre otras medidas. PP, Vox y Ciudadanos critican que el texto también “ampara” la ocupación ilegal de viviendas.
En el transcurso del debate de las enmiendas que el Senado ha incorporado al proyecto de ley tomó la palabra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para, mostrar su “agradecimiento” a todos los grupos parlamentarios que, a su juicio, “han contribuido a mejorar esta ley, tanto en el Senado como en el Congreso, con enmiendas, con transaccionales, con negociación y con diálogo”. “Creo que el resultado es muy positivo para la sociedad”, agregó, para recordar que la nueva ley mejora la protección de las “personas consumidoras vulnerables” y que “cualquiera de nosotros o nosotras, en algún momento de nuestra vida, podemos llegar a serlo si no lo somos ya”.
Garzón, que antes del Pleno se reunió con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, estimó que el texto “amplía los derechos de la sociedad” y ha sido realidad también y “muy especialmente”, a “parte” de la sociedad civil que, según su punto de vista, “ha empujado para luchar contra la exclusión financiera, contra la discriminación, por ejemplo, de los colectivos de personas con discapacidad”. “Y, muy especialmente al Cermi, cuyas demandas desde hace décadas van iluminando espacios oscuros de nuestra legislación y algunas de cuyas demandas han sido incorporadas”, resolvió, al tiempo que consideró esta ley “un éxito para toda la sociedad”.
Por su parte, la socialista Marisol Sánchez Jódar, portavoz de Consumo del PSOE en la Comisión de Sanidad y Consumo, defendió que se trata de una ley “eminentemente social, una ley para la igualdad de oportunidades, para la accesibilidad universal y para proteger a ese altísimo 39% de la población española que sufre alguna situación de vulnerabilidad en sus relaciones de consumo”, convencida de que la protección de los consumidores en situación de vulnerabilidad “requiere de la adopción urgente de las medidas contempladas en esta ley”.
Por ello, lamentó “profundamente” que las bancadas “de las derechas” hayan “perdido una magnífica oportunidad para levantar el dedo del botón de la confrontación, de la manipulación y de la demagogia”. “Estamos mejorando la vida de los ciudadanos de nuestro país y ustedes, las derechas, han decidido no votar a favor de ello”, criticó, para advertir de que “no hay peor demagogia que la que juega con la vulnerabilidad de las personas, porque no son ciertos los argumentos que están retorciendo para no apoyar esta ley”.